Se necesita un nuevo pacto para garantizar que lxs ciudadanxs, en toda su diversidad, las autoridades nacionales, regionales y locales, la sociedad civil y las empresas trabajen de consuno con las instituciones y los órganos consultivos de la UE.
La intención es convertirse en el primer continente con huella de carbono cero para el 2050.
La declaración de intenciones es encomiable. Sin embargo, al examinar las propuestas formuladas en el Pacto Verde para Europa, por la Comisión Europea, uno queda perplejo por la falta de mención de un cambio de paradigma en la economía. Habla de 50 medidas centradas en la planificación económica para tener en cuenta la amenaza del cambio climático y sus variaciones según 7 áreas de acción

  1. Energía limpia y libre de carbono.
  2. Una industria sostenible.
  3. Un sector de construcción y renovación más limpio.
  4. Movilidad sostenible: La promoción de medios de transporte más sostenibles (por ejemplo, el transporte a caballo).
  5. Preservar o restaurar la biodiversidad.
  6. Garantizar una cadena alimentaria más sostenible desde la agricultura hasta el consumo con el proyecto «De la granja al tenedor» (F2F).
  7. Eliminación de la contaminación
  8. Movilización de la industria para una economía limpia y circular (la Comisión Europea acaba de adoptar un nuevo Plan de Acción para la economía circular, uno de los principales pilares del Pacto Verde europeo).

Frans Timmermans (foto), vicepresidente de la Comisión responsable del Pacto Verde, lo presentó a los eurodiputados, diciendo que «se necesitarán inversiones de 260 a 300 mil millones de euros al año -públicas y sobre todo privadas- para lograr la neutralidad del carbono en 2050», es decir, no menos del 25% del presupuesto de la UE y del 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión.
En ninguna parte se hace referencia al papel de la SSE, como subraya Pour la Solidarité en un documento publicado en febrero (en francés)
Una vez más, se pasa por alto la contribución de la economía solidaria a la transición ecológica y a la justicia social porque, si bien lxs ciudadanxs están incluidxs en ciertos capítulos entre los que deben participar en este esfuerzo «colosal» (sic), en ninguna parte se menciona que se prestará atención y apoyo específicos a las empresas y asociaciones que ya están poniendo en práctica sobre el terreno los piadosos deseos establecidos en este pacto. Se menciona la economía circular, pero no se dice nada sobre las formas existentes que ya cumplen las especificaciones propuestas por el Pacto Verde. Ya sea la energía limpia (Enercoop), la industria sostenible (las cooperativas, incluidas las que salvan puestos de trabajo recuperando la herramienta de trabajo gracias a lxs trabajadorxs que se unen), la construcción (viviendas ecológicas), la movilidad (la ESS está en la vanguardia de la promoción de la movilidad sostenible), la preservación de la biodiversidad (lucha contra los grandes proyectos inútiles para salvar los biotopos), los CSA para los circuitos cortos de alimentos, la eliminación de residuos, etc.. Es a estas iniciativas a las que la UE debería apoyar mejor aumentando la parte del FSE y del FEDER asignada a la economía solidaria y no sólo a la economía social, que no es el pariente pobre en este ámbito. Es la dinámica de la innovación la que debe ser fomentada en todas las áreas involucradas en la transición.
El Pacto menciona la educación y la formación. La Comisión elaborará un marco europeo de competencias para contribuir al desarrollo y la evSe necesita un nuevo pacto para garantizar que lxs ciudadanxs, en toda su diversidad, las autoridades nacionales, regionales y locales, la sociedad civil y las empresas trabajen de consuno con las instituciones y los órganos consultivos de la UE.

Las subvenciones a los combustibles fósiles deben ser detenidas. Este es un buen punto. Su aplicación es, además, un requisito previo para cualquier política de lucha contra los daños causados por su utilización. Sin embargo, es difícil ver cómo la Comisión va a lograr imponerla, aunque se anuncie que se prevé financiación para apoyar a los países que dependen del carbón, por ejemplo. Por otro lado, la alianza ciudadana puede precipitar este movimiento, tal como lo ha hecho la alianza de consumidores para la agricultura orgánica.
La función de una red es transmitir del campo a las instituciones y viceversa los datos esenciales para la orientación de una política que tenga sentido para la evolución de la sociedad.

El Pacto Climático se basará en la serie de diálogos con lxs ciudadanxs y las asambleas de ciudadanxs que se están llevando a cabo en toda la UE, así como en los comités de diálogo social.
El Reglamento de Aarhus debería revisarse para mejorar el acceso a la revisión administrativa y judicial a nivel de la UE para lxs ciudadanxs y las ONG que tienen dudas sobre la legalidad de las decisiones que afectan al medio ambiente.
Las plataformas disponibles pueden utilizarse para simplificar la legislación e identificar los casos problemáticos.

Al tiempo que subrayamos la ausencia de toda mención de la ESS, no podemos cuestionar de antemano la voluntad de hacer evolucionar la política europea hacia una economía descarbonizada, pero debemos estar atentxs para que la ganancia inesperada no caiga en manos de grandes grupos que pretenden «reverdecer» sus métodos cuando utilizan estas financiaciones para reforzar su supremacía en detrimento de iniciativas que se preocupan verdaderamente por la preservación del planeta y la justicia social. Ha llegado el momento de que Europa fomente la multiplicación de un desarrollo adaptado a las realidades locales, apoyado por asambleas democráticas en las que lxs representantes elegidxs y lxs ciudadanxs se consulten y acuerden. La economía solidaria puede dar testimonio de la pertinencia de estos enfoques, que tienen éxito a pesar de las limitaciones presupuestarias y podrían dar mayores resultados si se eliminaran esos obstáculos.

Por Josette Combes